Reforma al Sistema de Pensiones: otro acuerdo más para el engañoso legado de Boric

La reforma al sistema de pensiones en Chile vuelve a estar en el centro de la noticia, tras la reciente aprobación en el parlamento de la propuesta presentada por el gobierno de Boric, gracias a un nuevo acuerdo con la oposición. Este hito se dio en un contexto político de inicio franco de la carrera presidencial, en el cual el gobierno presionó por hacer avanzar una reforma que puede presentar como un gran anuncio, un gran titular más para su último año, pero con el foco puesto en reforzar la imagen de su “legado”, y no en una mejora real de las pensiones. Por su parte, la oposición y los sectores empresariales presionaron también por sellar una reforma que, de alguna manera, encubriera la ilegitimidad que actualmente tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y así dar vuelta la página.

Las intensas negociaciones en torno a porcentajes y licitaciones dominaron el debate hasta llegar al guarismo final. Sin embargo, no se abordó realmente la necesidad de modificar las bases y el rol que desempeña el actual sistema de pensiones dentro del mercado financiero. De hecho, tras analizar la propuesta del Gobierno es evidente que esta sigue reproduciendo un modelo cuya verdadera finalidad no es garantizar pensiones dignas mediante el ahorro forzoso de los trabajadores, sino más bien inyectar recursos que se incrustan en los circuitos financieros dominados por el gran capital transnacional, para dinamizar la acumulación de ganancias del empresariado nacional e internacional.

En este contexto, es crucial centrar el debate en el hecho de que el sistema previsional de capitalización individual, gestionado por las AFP ha demostrado ser incapaz de proporcionar pensiones dignas, incumpliendo las promesas iniciales de reemplazar hasta un 70% de los ingresos percibidos y solo ha amplificado las desigualdades. Por ejemplo, en noviembre de 2024, según datos de la Superintendencia de Pensiones, el 50% de los jubilados del sistema recibió 4,84 UF o menos por concepto de pensión autofinanciada, $47.000 pesos bajo la línea de la pobreza actual ($232.255). 

Ante esta insuficiencia, el Estado se ha visto obligado a incorporar el Pilar Solidario inicialmente y la Pensión Garantizada Universal después, para poder complementar las pensiones autofinanciadas y dar una respuesta a quiénes nunca cotizaron debido a la gran informalidad laboral, ya que, de lo contrario, una proporción aún mayor de adultos mayores estaría bajo la línea de pobreza, lo cual sería impresentable a ojos públicos en el país y en el extranjero. 

Mientras tanto, entre enero y septiembre de 2024, las AFP, concentradas en manos de grandes grupos económicos nacionales y transnacionales (como MetLife, Prudential Financial Inc. y Principal, además de la poderosa Cámara Chilena de la Construcción), obtuvieron ganancias de $472.867.962.000, lo que representó un aumento del 35,4% respecto al mismo período de 2023, según Fundación Sol.

Entonces, ¿para qué sirve el sistema de las AFP? Los ahorros previsionales de los trabajadores afiliados se destinan a inversiones en instrumentos financieros (como bonos estatales y bancarios, depósitos a plazo y fondos mutuos), que se transan en el mercado financiero, los que se distribuyen en un 48% en instrumentos internacionales y un 52% en nacionales, de acuerdo con Fundación Sol. 

Las empresas que gestionan estas transacciones obtienen sus mayores beneficios al cobrar comisiones por los rendimientos generados, logrando retornos mucho más rápidos que las inversiones realizadas en la economía “real” o no financiarizada. Es decir, las empresas que ofrecen estos instrumentos y las que operan las transacciones se aprovechan de los ahorros de los trabajadores para aumentar sus ganancias mientras que son estos últimos los que asumen todos los riesgos. Los cuales no son cifras menores: en 2024, los ahorros previsionales acumulados alcanzaron un total de 4.814 millones de UF, equivalentes a 186.405,23 millones de dólares, según la Superintendencia de Pensiones.

Este sistema no fue diseñado para garantizar pensiones dignas, sino para inyectar recursos al incipiente mercado de capitales chileno, que ha crecido significativamente gracias a este esquema. Se trata de una forma más de explotación, ya que extrae ganancias a partir de los ingresos de los trabajadores, constituidos por el valor de su trabajo no retribuido. Es más, es importante mencionar que la cotización adicional del 8,5% pactada en la propuesta del gobierno recientemente aprobada, proviene de los trabajadores y no de los empleadores como han hecho creer, en la medida en que los trabajadores son quienes generan la riqueza.

Esta propuesta en la práctica refuerza a las AFP, ya que, aumentando el porcentaje destinado a capitalización individual, aumenta la cantidad de recursos a disposición del capital financiero, para su actividad económica especulativa, perpetuando las lógicas neoliberales subyacentes de privatización de la seguridad social y financiarización de la economía. 

Un sistema de pensiones debe ser universal, igualitario y solidario, adaptándose a las particularidades y necesidades de cada persona después de toda una vida de trabajo. Esto requiere una administración estatal centralizada que garantice sostenibilidad del sistema para un ingreso digno para el júbilo en la vejez y que, si para ello debe invertir los ahorros de los trabajadores, sea en función de objetivos de desarrollo social y productivo en beneficio del país y no de la acumulación de un grupo.

Por lo demás, sabemos que las pensiones y los ingresos en la vejez no son suficientes para garantizar un envejecimiento digno. Problemas estructurales, como la falta de acceso a vivienda y salud, no pueden ser ignorados. Incrementar las pensiones, por sí solo, no asegura un mejor vivir en un contexto donde estas carencias siguen siendo prevalentes, por lo que se requiere un cambio global del sistema económico y de seguridad social que ponga en el centro las necesidades humanas y la construcción de una sociedad justa.

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