Alza de la luz: el congelamiento fraudulento que pagará el pueblo

Este lunes 1 de julio comenzó a aplicarse el aumento escalonado en las tarifas eléctricas, después de casi cinco años de un “congelamiento” fraudulento, el cual en realidad consistió en la generación de una deuda forzada durante el gobierno de Piñera en respuesta al estallido social en 2019, con la intención de calmar los ánimos de la protesta. En ese contexto, y con la aprobación de todos los sectores políticos, incluido el Frente Amplio del gobierno de Boric, se estableció un mecanismo de “estabilización” de precios. Sin embargo, este mecanismo en realidad consistió en la creación de una deuda para los clientes, que las empresas eléctricas comenzarían a cobrar a partir de 2021.

Debido a la pandemia, en agosto de 2022 se modificó esta ley, estableciendo plazos, precios e intereses a pagar por los clientes regulados a partir de 2024. Los clientes libres (no regulados), que son en su mayoría grandes empresas con mayor consumo eléctrico y poder para negociar precios más ventajosos, quedaron al margen del alza de tarifas.

En abril de 2024, el gobierno de Boric decretó la ley definitiva que implica un aumento del 57% en la tarifa para los clientes regulados durante este año, con el propósito de pagar la deuda. Posteriormente, se espera que esta tarifa disminuya gradualmente hasta extinguirla. El gobierno justifica el pago de esta deuda espuria argumentando el aumento en los combustibles fósiles y la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. 

Para mitigar las críticas, se anunció un subsidio dirigido al 40% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares. Sin embargo, este subsidio no está diseñado para cubrir un porcentaje específico de la tarifa eléctrica, sino que entrega un monto fijo semestral que varía según el número de integrantes del hogar. Se estima que podría cubrir tan solo entre un 15% y un 25% del aumento en la cuenta de luz, sin considerar las alzas en otros bienes y servicios debido al encarecimiento de la electricidad.

Esta situación refleja los problemas que surgen cuando el Estado pierde la soberanía sobre un recurso estratégico como la generación, transmisión y distribución eléctrica. Actualmente, este sector está totalmente privatizado y prácticamente controlado por un oligopolio con intereses trasnacionales. En dónde las tasas de ganancia están aseguradas para las empresas de distribución (mínimo 6% - máximo 8%) y transmisión (mínimo 7% - máximo 10%), y por ejemplo tan solo el grupo Enel, pasó de tener ganancias de US$143 millones en el primer cuarto del 2023, a sumar US$151 millones en el primer trimestre de 2024, un aumento de la ganancia de 5,8%. 

Es fundamental a partir de esta situación cuestionar la estructura del sector energético en nuestro país. Desde nuestra matriz de producción de energía, ya que a pesar de tener un gran potencial para producir electricidad a partir de diferentes fuentes renovables, seguimos dependiendo en más del 64% de la importación de carbón y gas natural. Hasta la privatización del servicio de transmisión y distribución, pues al tender a conformar monopolios terminan por imponer sus condiciones a la mayoría de los hogares trabajadores. En conclusión, en recursos estratégicos, como lo es la energía, inevitablemente la empresa privada termina teniendo más poder que cualquier gobierno que venga.

Los gobiernos de Piñera y Boric han sido cómplices de un fraude que inicialmente parecía un simple congelamiento de tarifas, pero que en realidad fue un préstamo forzado impuesto a los usuarios por el Estado, el que actualmente se comporta como el peor de los bancos cobrando deudas e intereses a destajo en favor de los empresarios para acceder a un servicio básico y vital como la electricidad.