[Balance Cuenta Pública] Detrás de los anuncios y el discurso de inclusión, las mismas políticas neoliberales y rol de contención

Una nueva cuenta pública se realizó con un tenor de alabanza a la “normalización del país” alcanzada, agitando supuestos “logros” del gobierno absolutamente desconectados de la realidad popular, utilizados como voladero de luces para conformar a su pequeña base social y esconder lo evidente: aparentar que todo cambia para que todo siga igual.

Han pasado dos años desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric, el primero de la alianza FA-PC, que desde un comienzo debió incorporar a los partidos de la ex-Concertación en su pacto. Por lo tanto, en ConVocación consideramos necesario a mitad del período, hacer un balance más profundo de lo que ha representado el mandato de Boric, en la tarea de denunciar y revelar a qué intereses responde, y fortalecer las capacidades del pueblo para no dejarse engañar tras discursos y trampas que hábilmente ha impuesto la institucionalidad del bloque en el poder para volver a legitimarse.

El alza del progresismo es también parte de esta maniobra. El pacto Apruebo Dignidad llegó a La Moneda con un programa y promesas de campaña de grandilocuentes transformaciones, que pronto se transaron para mostrar su verdadero carácter: dar continuidad a el mismo modelo de explotación e injusticias, y actuar como una valla de contención contra un alzamiento del  bloque popular, con protagonismo e independencia en la lucha.

Si bien la moderación del novato sector progresista no es novedad en nuestros análisis, y la rendición de cuentas del primer año de gobierno en 2023 ya dejaba en clara su renuncia y capitulación a cualquier posible transformación sustancial, podemos constatar en diferentes ámbitos cómo el progresismo, bajo un discurso inclusivo para instalarse en el poder, ha prolongado la fórmula neoliberal para abordar antiguos problemas sociales. Estos no solo han quedado sin resolver, sino que por el contrario, sólo han empeorado las condiciones de vida de las familias trabajadoras. A raíz de lo anterior, seleccionamos las principales propuestas del programa de Boric y las contrastamos con su implementación.

Jornada laboral de 40 horas, un cambio testimonial que abre la puerta a mayor flexibilidad y precariedad a favor del empresariado

Uno de los proyectos más emblemáticos del bloque progresista, impulsado desde que Camila Vallejos y Karol Cariola eran diputadas, vió la luz verde en 2023, y con ello el gobierno celebró una de sus pocas victorias legislativas; sin embargo, tras negociaciones con los gremios empresariales, la ley encarnó el espíritu de la propuesta piñerista de mayor flexibilidad laboral. En el contexto de baja sindicalización de nuestro país, la fórmula del cambio de jornada con gradualidad quedó sometida al poder de control de los empresarios, quienes pueden acomodar holgadamente las contrataciones para que no afecten sus ganancias. Además, deja afuera a una gran mayoría de la realidad laboral chilena, incluyendo a trabajadores part-time, a honorarios, informales, etc. Esto quedaba de manifiesto en lo que va de su implementación durante este año, cuando se hicieron patente las denuncias de reducción de las jornadas a expensas del horario de colación.

El fracaso del Plan de Emergencia Habitacional, crecen las familias sin casa.

El período de Boric comenzó con un grave problema de acceso a la vivienda, con más de 700 mil familias sin casa. En este escenario, el gobierno prometió un Plan de Emergencia Habitacional (PHE) que, a dos años, ha demostrado ser un fracaso, ya que las proyecciones del número de familias sin casa son de 1 millón. En contraste la Cámara Chilena de la Construcción anuncia que existe un stock de 114.000 viviendas y departamentos disponibles para ser habitados. Esta contradicción se profundiza, ya que en la práctica el PHE comprende medidas que no son ninguna novedad respecto a la lógica subsidiaria de la política de vivienda. Medidas como el arriendo protegido, son totalmente marginales frente a la dimensión del problema y otras como el subsidio a la compra de viviendas para la clase media, no han dispuesto mayores recursos para los sectores más empobrecidos, sino que se han dirigido a aquellas políticas que combinan financiamiento con créditos hipotecarios, favoreciendo al sector financiero. Además, aquellos esbozos de propuestas que sugerían un rol diferente del Estado, como el banco de suelos público y una constructora estatal, quedaron en letra muerta. Es decir, el PHE no contrarresta la lógica del modelo que está en la génesis del problema: la concentración extrema de la propiedad del suelo y la vivienda.

Tras la inoperancia, falta de sentido de urgencia e innovación en los programas del MINVU, escándalos como el desvío de dineros a fundaciones corruptas que supuestamente intervenían en campamentos y la lentitud para impulsar un plan de reconstrucción ante el desastre de los incendios de la Quinta región, el escenario es mucho más crítico en materia de vivienda de lo que era en el inicio del gobierno.

De la reforma de salud al salvataje a las ISAPRES, asegurando los enclaves del negocio con la enfermedad

Otra promesa del programa de Boric era el fin de las Instituciones de Salud Previsional Privadas (ISAPRES) y la creación de un Seguro Único de Salud. sin embargo, esto dista mucho de lo ocurrido con la aprobación de la ley corta de ISAPRES, en la que el ejecutivo buscó darle una salida que otorgará viabilidad a las aseguradoras privadas, cuestionadas por la Corte Suprema por apropiación indebida de fondos de los cotizantes. La falta de decisión del gobierno para hacer caer a las ISAPRES por su propio peso configura un escenario en el cual el Fondo Nacional de Salud (FONASA), a través de su Modalidad de Cobertura Complementaria, abre la puerta a un nicho de negocios en expansión, como los seguros complementarios de salud, y profundiza el desvío de fondos públicos a clínicas privadas, mientras la red pública continúa agonizando sin poder atender las listas de espera debido a la falta de especialistas.

 Política de explotación del litio, ni estratégica ni nacional.

Respecto al aprovechamiento de este recurso natural que se considera estratégico para el desarrollo económico, el gobierno proponía generar una política nacional con una empresa estatal. No obstante, esto se redujo a un convenio entre CODELCO y SQM que asegura las ganancias y control de esta última en la operación, además de una serie de licitaciones y convenios con mineras privadas trasnacionales en diferentes salares del país. En cuanto a la generación de valor agregado con el litio, no se vislumbran proyectos concretos que cambien la matriz extractivista y primaria exportadora del país; incluso, los anuncios de la operación de la empresa de tecnología china BYD han sido puestos en duda recientemente.

Lo anterior, evidencia que no existe una mirada que defienda los intereses nacionales, ni una visión de desarrollo estratégico en la explotación de este mineral, perpetuando una posición de dependencia económica al mantener a Chile como productor de materias primas para el mercado internacional, mientras los productos elaborados se importan del exterior.

 La fracasada reactivación educativa y el derrumbe de la condonación del CAE.

Otra de las propuestas que el gobierno agitaba en su programa era la reactivación educativa. Sin embargo, esta se ha visto reducida a la recuperación de reportes de asistencia por parte de las escuelas y a escuetas mejoras en los puntajes del SIMCE, los cuales se comparan con la línea de base de los puntajes en plena pandemia. Además, se omite que las brechas de puntaje en estas pruebas estandarizadas según el nivel socioeconómico de los estudiantes siguen siendo altas. En cuanto a la educación superior, otra de las propuestas emblemáticas era la condonación del CAE. ¿Qué supimos estas semanas? se ha revelado que no consistiría en una verdadera dispensa de la deuda educativa, sino en una “solución” aún no aclarada del todo, pero que todo indica que no  contempla la remisión total de la usurera deuda con la banca.

Estas son solo algunas de las propuestas contenidas en el programa de Boric que ilusionaron a ciertos sectores, principalmente profesionales y clases medias, con una retórica y falsos discursos de cambio. La evidencia dejada por esta administración, permite con mayor claridad observar el carácter pro empresarial y antipopular del gobierno. En la práctica, el progresismo no gobierna con un proyecto popular ni rompe con los márgenes de la institucionalidad; los reconoce como límites y gobierna con una fórmula que constantemente fracasa para la mayoría. Su tarea mejor cumplida ha sido darle “estabilidad” al modelo existente.

En ConVocación, consideramos que nuestro conocimiento técnico debe ser empleado para identificar y desmantelar las claves de la reproducción de las injusticias en todos los aspectos de la sociedad en los que nuestras disciplinas intervienen. Es imperativo imaginar una sociedad más allá de los límites y los marcos impuestos por el sistema. Debemos trascender la lógica individual del modelo, la pasividad y el acomodo, para comprometernos con una alternativa política real. Es crucial aprender, formarse y desarrollar un pensamiento crítico y colectivo con sentido de urgencia. Este enfoque fortalecerá el pensamiento popular y será fundamental para enfrentar los desafíos diarios que profundizan las injusticias, tanto para los profesionales, estudiantes y pobladores.