CASEN y disminución de la pobreza: continúan sin convencer

Los resultados de la última encuesta CASEN, ha generado un ambiente triunfalista sin tapujos de todos los sectores políticos y principalmente desde la esfera gubernamental. Destacan un gran avance en el “combate a la pobreza” por la supuesta mayor disminución desde que se creó este instrumento de medición.   Sin embargo, ello es totalmente  distante a la realidad  popular, que ha vivido la agudización de sus problemas y sobreviviendo con una mínima intervención por parte del Estado.

Causa curiosidad que la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN, reveló un escenario para las familias pobladoras, que no se condice con las cifras de desempleo, que registra su séptimo aumento anual consecutivo (8,5% en el trimestre abril-junio 2023, 0,7 pp respecto al mismo trimestre del año anterior), o con el encarecimiento de todos los productos de uso básico, pues la inflación en Junio del presente año llegó a un aumento de 12,5% en doce meses, cifra récord que no se veía en 28 años. 

La población cada día se ve más obligada a ajustar sus bolsillos por el alza en el costo de vida y por un sinnúmero de necesidades no resueltas y que profundizan su situación precaria. 

Lo anterior también se evidencia en la crisis de la vivienda con un alto número de campamentos y personas viviendo en situación de allegamiento y hacinamiento, y se profundiza aún más con la crisis de la salud reflejada en los recientes resultados de la lista de espera, que alcanzó la mayor cifra histórica: 2.686.299 de pacientes esperando por una atención. Así podríamos seguir enumerando las diferentes dimensiones que el pueblo ve afectadas y que, por lo tanto, nos hacen dudar de los resultados de esta encuesta. 

Entonces, inmersos en la intrincada tarea de abordar la pobreza en Chile y en nuestro rol de profesionales al servicio del pueblo, ver los resultados no nos deja otra salida más que cuestionar  esta supuesta objetividad metodológica que se instala tras la construcción de los indicadores que definen los umbrales de pobreza, pues al ser un instrumento fundamental para la toma de decisiones políticas se subestima la verdadera magnitud de la pobreza en Chile. 

Primero, es importante transmitir que tanto la metodología como la técnica no son construcciones neutrales de parte de los llamados expertos y el caso de la encuesta CASEN es un ejemplo para comprobar esa idea. 

Si bien, la producción estadística busca generar mecanismos para reducir los sesgos en su operación, no ocurre lo mismo con la metodología para construir los umbrales de pobreza. En este sentido, han aparecido algunos análisis que ponen en cuestión las decisiones políticas-técnicas que definen la línea de la pobreza por ingreso, ya sea, porque no incorpora el real incremento del valor del arriendo de las viviendas en el cálculo del gasto de referencia, o por considerar en el ingreso de las familias los subsidios estatales y el valor imputado del alquiler. 

De acuerdo a una publicación en el diario “El Mostrador”, si utilizamos sólo los ingresos generados de forma autónoma por las familias, sin la asistencia del Estado y además dejando afuera el ingreso del alquiler imputado, ahí la pobreza, que podemos llamar “de mercado”, asciende de un 8.6% a un 24%. Y destacan la importancia de considerar este dato porque las lecturas políticas que abre son muy diferentes. 

Esta trampa no solo ocurre con este indicador, sino que también se observa en la medición de pobreza multidimensional que elabora el mismo ministerio. En este caso, lo cuestionable no es el cálculo del dato estadístico, sino más bien los indicadores que operacionalizan cada dimensión de pobreza. 

En el área de educación, la pobreza se mide con indicadores de gestión educativa como la asistencia escolar, la escolaridad y el rezago escolar, aspectos que todo profesional de la educación sabe que están lejos de reflejar el aprendizaje de estudiantes y menos dar cuenta de la calidad educativa. Bien conocidas son las motivaciones económicas de los establecimientos educacionales, que centran sus intereses en recibir los subsidios del Estado o las mensualidades de los apoderados, más que en el correcto e integral aprendizaje de sus alumnos; por lo tanto, medir de esta manera la pobreza en educación, termina por sesgar las condiciones de vida real que tienen las familias populares.

Situaciones similares suceden en el resto de las dimensiones, por ejemplo con la salud, donde uno de sus indicadores es estar afiliado a un sistema previsional, Sin embargo, tan sólo basta acudir a un centro asistencial de salud para quedar vinculado a Fonasa y esto no significa recibir un tratamiento digno y oportuno a una enfermedad. O bien en la dimensión de trabajo y seguridad social, en el que se encuentra el indicador de jubilación que mide a un hogar carente cuando al menos un integrante no percibe pensión u otros ingresos, sin considerar que aquellos que sí la reciben tienen montos de miseria.

Se ha generado un aprovechamiento político con estos resultados que ha arrojado la encuesta CASEN, maquillando con cifras que no son representativas a la realidad del sector popular, que cada vez se va encasillando aún más en el empobrecimiento. Siendo la gestión gubernamental su gran sostén a través de su “intervención” mediante políticas públicas focalizadas, que son solo inyecciones transitorias que alivian al corto plazo la pobreza, pero a la vez perpetúa la dependencia de las personas al Estado, no siendo capaz de intervenir directamente los eslabones determinantes que genera la precariedad y vulnerabilidad como consecuencia de este modelo neoliberal en las personas.  

Declaraciones como “no es el mercado actuando solo” o “es la acción decidida del Estado” por parte del mismo Boric son un gran ejemplo de que se está relativizando gravemente la situación actual de pobreza para gran parte de la población. Esto, no es más que justificar la gestión de un Estado Subsidiario y dejando en evidencia que la voluntad política del gobierno de turno apunta hacia no cambiar este rumbo, sino que ser un soporte más de este sistema, donde su mayor preocupación es establecer conciliaciones con sectores políticos que defienden los intereses del empresariado en desmedro del bienestar de los pobladores y pobladoras.  

Frente a todo lo anterior, los profesionales que visualizamos la problemática de la pobreza desde distintas veredas, y que también la vivenciamos en una o más áreas, nos vemos movilizados a levantar la voz en representación de aquellos sectores que se ven invisibilizados con los resultados de esta encuesta.

A aquellos profesionales que se vean críticos por cómo se caracteriza y analiza este instrumento por las autoridades “especialistas”, la invitación es a configurar esta disconformidad, que  en nuestro caso, como profesionales del sector popular, es a través de los conocimientos y análisis técnico a disposición de la población.