Una vez más, los incendios en la Quinta Región…

A comienzos del mes de febrero, una vez más, la V Región se ha visto golpeada por las llamas. A pesar de que es sabido que estos incendios constituyeron una de las emergencias de mayor devastación de los últimos años, llama la atención la vaga discusión que ha existido sobre los factores que volvieron a estos incendios una verdadera tragedia para la Región.

Por parte de las autoridades políticas y de los medios de comunicación, la discusión se ha centrado, engañosamente, en los elementos que dieron comienzo al incendio (en descubrir cuál fue la “primera chispa”). Por ello, el discurso oficial institucional ha explicado esta tragedia a partir de dos grandes factores: primero, por las condiciones climáticas y geográficas dominantes en los cerros de la Región, evidentemente más propicias para la generación de incendios; y en segundo lugar, por la acción intencional, que si bien se ha agitado ampliamente con promesas de persecución penal e imposición de la ley, poco o nada se ha sabido de esa hipótesis.

Sin embargo, en esta discusión ha estado absolutamente ausente el problema que realmente le dio a forma a esta emergencia. Más allá de comprender el inicio de los incendios (en los cuales, sin duda, inciden factores naturales y humanos), creemos que en estos incendios el problema radica, más bien, en los factores de propagación de las llamas, los cuales las vuelven incontrolables y terminan por arrasar con poblaciones y campamentos completos, pasando de un incendio forestal, que podría ser rápidamente manejable, a una emergencia desatada.

Nadie en su sano juicio puede creer que sea “coincidencia” o “accidental” que los incendios se produzcan con insistencia en la Región que presenta la mayor cantidad de campamentos en el país, con más de 280 asentamientos, según los registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a inicios de 2023. De hecho, en los cerros de la V Región han proliferado campamentos particularmente cuantiosos en tamaño, con cerca de 31.000 familias registradas, expulsadas por un mercado inmobiliario que ha disparado los precios de arriendo, con aumentos anuales del 22% al 25%, según datos del Portal Inmobiliario.

Resulta evidente que en los lugares afectados de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana se presentan las graves consecuencias de la precariedad habitacional en las que vive la mayoría popular en la región: miles de familias obligadas a amontonarse en los bordes de cerros y quebradas, para encontrar un lugar donde vivir, en zonas de permanente riesgo, de alta exposición a fuertes vientos, con escasa o nula urbanización, de muy mala accesibilidad y sin vías de evacuación adecuadas, con calles de fuerte pendiente y sin pavimentación que dificultan la acción frente a eventuales emergencias, ausencia de cortafuegos, altos niveles de hacinamiento, construcciones con materiales altamente inflamables, etc.

Pero, estas condiciones espaciales, urbanas y constructivas, que constituyen factores de riesgo, no están presentes sólo en el caso de los campamentos, sino también en poblaciones y villas regularizadas de la zona, como es el caso de la “Villa Independencia” de Viña del Mar (población de la década de 1950) que fue una de las más afectadas, quedando completamente rodeada por las llamas antes de ser arrasada por el fuego, y en la cual la calle Gabriela Mistral resultó totalmente colapsada por el tráfico vehicular, al ser la única vía disponible para huir frente a la emergencia.

La relevancia de estos factores urbanos y espaciales se hace evidente al revisar el caso de la “Villa Botania”, un conjunto de 70 viviendas que sobrevivió a las llamas en medio de zonas directamente afectadas. Su éxito radicó en los criterios de ubicación del lugar, menos propensos a los vientos; la presencia de cortafuegos y muros de contención en los límites de la Villa y la preparación de los vecinos (este sector recibió la asesoría de CONAF en su construcción). Además, esta Villa presentó condiciones positivas para la respuesta inmediata a la emergencia: las familias pudieron huir rápidamente debido a las múltiples salidas consideradas en la planificación del conjunto habitacional.

Así, la excepción confirma la norma. Precisamente, todos estos criterios de organización y configuración del espacio refuerzan el enorme potencial de la planificación urbana incluso en sectores propensos a catástrofes; y son precisamente estos criterios de planificación los que brillan por su ausencia en la mayor parte de las zonas afectadas.

Las llamas no encuentran sus elementos combustibles solamente en la naturaleza, sino también en las condiciones materiales que caracterizan la vida de los sectores populares de la Región, por lo que una vez más los pobladores se ven golpeados por el fuego, en un escenario que se repite cada año, producto de la indolencia de las autoridades que, en lugar de destinar recursos y gestión para prevenir estas catástrofes, prefieren seguir haciendo la vista gorda ante las evidentes condiciones de precariedad habitacional, consolidando el riesgo latente de incendio como una norma impuesta que pesa sobre todas las familias pobladoras.

No situar estos factores en la discusión implica plantear engañosamente el debate, y en esto, la complicidad entre el Gobierno, los municipios, los medios de comunicación y distintas fundaciones como “TECHO-Chile”, “Movidos por Chile”, “Desafío Levantemos Chile”, entre otras, resulta evidente. De forma transversal, todos estos actores han reproducido la misma cantinela, obviando y encubriendo las evidentes condiciones materiales y sociales que son y han sido siempre una determinante en los recurrentes incendios de la V Región, mientras se esfuerzan por instalar la idea de un supuesto “despliegue en terreno” que poco o nada ha servido para dar respuesta ágil y con sentido de urgencia a las familias afectadas. A un mes de ocurridos los incendios, la única certeza es la evidente inoperancia y el desvergonzado oportunismo de la autoridad institucional en todos sus niveles, que no escatima esfuerzos en sacar provecho comunicacional del sufrimiento popular, mientras toda gestión se diluye y desaparece cuando se van las cámaras de televisión.

Como Profesionales Convocación, creemos que es urgente denunciar que los pobladores de las zonas afectadas han sido presos de un permanente abandono de las instituciones públicas, tanto regionales como centrales, y que en ese abandono se encuentran importantes razones que explican esta emergencia.

Luchar decididamente contra esos factores debe ser nuestro rol como profesionales en este momento, contribuyendo a que las familias de la zona puedan enfrentar con sustento todas las injusticias que viven. Como organización, creemos que los profesionales debemos contribuir con elementos técnicos a una reconstrucción con criterios de planificación urbana que permitan mejores condiciones habitacionales, y sobre todo, a confrontar con valentía el discurso oficial que presenta como “naturales” las condiciones de injusticia que condenan a una mayoría a vivir en permanente riesgo.